Dentro del conjunto de necesidades básicas para el ser humano, se encuentra el de una vivienda digna. Asociar la dignidad a la vivienda tiene que ver con enmarcar los parámetros del desarrollo personal y social dentro del bienestar y lo saludable. Por tanto, la vivienda digna es un derecho, es decir, algo a lo que todas las personas deben tener acceso. Sabemos, no obstante, que las crisis financieras consecutivas de las últimas décadas producidas por las políticas neoliberales occidentales, han generado graves movimientos especulativos que, todavía a día de hoy, van aumentando progresivamente las desigualdades.
El problema de la vivienda, entendida como un efecto de la desigualdad social, afecta especialmente a los grupos vulnerables, entre los que se encuentra el constituido por la gente mayor. Los problemas residenciales de la gente mayor, como indica Bosch (2006), “se pueden estructurar en grandes grupos: los problemas de accesibilidad y movilidad; las infraviviendas y las necesidades de rehabilitación; los problemas vinculados al régimen de alquiler; y las dificultades de accesibilidad económica.”
Está ampliamente demostrado que unas condiciones negativas de vivienda, o la dificultad para el acceso o mantenimiento de la misma repercuten negativamente en la salud física y la salud mental (Novoa, Bosch, et al. 2014). Dentro de los sectores considerados como vulnerables se encuentran aquellos colectivos que por sus condiciones dadas han sufrido o pueden sufrir discriminaciones que, por su carácter estructural, afectan a cuestiones básicas, como el desarrollo laboral y el acceso a una vivienda digna.
¿En qué medida las dificultades de acceso a la vivienda van a afectar a nuestra vejez?
Gran parte de las personas mayores del colectivo, como se destaca en el informe realizado por la FELGTB en 2019, disponen de recursos limitados que dificultan el acceso a la vivienda. Las pensiones no contributivas, resultado de una trayectoria de discriminación sociolaboral que ha forzado a trabajos precarios o no reconocidos legalmente, han supuesto en muchos casos llegar a la vejez con perspectivas económicas muy limitadas que provocan nuevas exclusiones.
En este sentido, se hace evidente que hay una parte del ámbito asistencial que debe cubrir las necesidades de las personas mayores del colectivo que presentan hoy dificultades específicas. Más allá de eso, es también relevante pensar cómo se ha impuesto un modelo tradicional de familia nuclear al que se le atribuyen además una serie de responsabilidades sobre los cuidados, asociados a los roles de género tradicionales que se sostienen sobre la desigualdad de las mujeres.
Las últimas décadas de lucha feminista y el auge de las políticas de identidad y reconocimiento LGTBI+ han supuesto también el cuestionamiento de estos modelos de familia y de estos roles impuestos que mantenían las desigualdades. La ruptura de estos modelos hace también urgente replantear el sistema de cuidados y convivencia, así como de reconocimiento de nuevos vínculos familiares, afectivos y de responsabilidad, a la hora de afrontar el envejecimiento y prevenir la dependencia.
Muchas personas adultas mayores del colectivo enfrentan barreras para acceder a opciones de vivienda seguras y afirmativas. Estas dificultades se deben a factores como recursos financieros limitados, falta de protección legal contra la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género, situaciones de irregularidad documental, y miedo a encontrar hostilidad o prejuicio por parte de los proveedores de vivienda, o las comunidades de vecinos. En ese sentido, deviene necesaria la creación de espacios de alojamiento especializados. La Fundación 26 de Diciembre, dedicada al cuidado y atención de personas mayores del colectivo LGTBI+ tiene puesto en marcha un proyecto de alojamiento para personas mayores del colectivo, la Residencia Josete Massa que se encuentra actualmente en proceso de obra.
(Residencial Fundación 26 de Diciembre)
Esta demanda surge a partir de varios testimonios en los que personas mayores del colectivo, que debían ser ya institucionalizadas, contaban cómo el acceso a estos recursos ha supuesto una vuelta al armario. La percepción de vulnerabilidad al ser centros no especializados hace que, en muchas ocasiones, las personas mayores vuelvan a ocultarse por miedo. Una situación sobre la que hay que intervenir adicionalmente, para que todos los espacios sean seguros para todes, y que también nos lanza una pregunta, ¿dónde vamos a vivir cuando envejezcamos? ¿hemos pensado en nuestras propias necesidades residenciales, nuestras características familiares y posibilidades de vida para la etapa de nuestra vejez?
En este sentido, además de las necesidades asistenciales que deben cubrirse en la actualidad, es también interesante prestar atención a las diversas iniciativas que se están llevando a cabo para afrontar de otra manera la vivienda. En este sentido es interesante poner atención a iniciativas de vivienda cooperativa, feminista y LGTBIQ+ como La Morada en Barcelona, y las propuestas de algunos países europeos para la convivencia LGTBI+ de personas mayores, como el Housing First Queer del SchwulenBeratung de Berlín, o en Tonic Housing de Londres.
Respecto a los problemas relativos a recursos de vivienda, si damos un paso más allá de las situaciones de complejidad que se han comentado, encontramos que existe una parte del sector de mayores del colectivo que, por las dificultades de su trayectoria de vida y el recrudecimiento de ciertas condiciones, se encuentran en situación de sinhogarismo.
La exposición a condiciones extremas que produce el sinhogarismo empeora el estado del cuerpo de una manera acelerada. Un factor que aumenta considerablemente la vulnerabilidad en las personas LGTBI en situación de calle es, precisamente, pertenecer al colectivo y ser visibles. La falta de passing, es decir, de un aspecto normativo, puede aumentar las posibilidades de sufrir agresiones físicas, verbales o sexuales en albergues o casas de acogida, por lo que igualmente es necesaria la generación de espacios especializados que se perciban como recursos seguros.
Cuando además de ser mayor y pertenecer al colectivo se suma la pobreza y la precariedad de recursos, se produce un incremento del estigma aumentado por la aporofobia. La aporofobia es la discriminación de personas en estratos bajos por prejuicios asociados a la falta de recursos; una persona pobre se asocia a la mala higiene, a la dejadez, a la falta de dinero, a la vulnerabilidad máxima, pero además, tiene que performar esas cualidades para “pasar de pobre”. Si una persona que concebimos como “pobre” tiene acceso a un smartphone, por ejemplo, eleva nuestras sospechas de si “realmente es” pobre. Esa visión solo aumenta los sesgos sociales y el pensamiento polarizado.
Estos desafíos contribuyen a un mayor riesgo de inestabilidad habitacional, falta de vivienda y estrés relacionado con la vivienda, lo que subraya la necesidad urgente de políticas de vivienda inclusivas y servicios de apoyo adaptados a las necesidades únicas de nuestra población
Para aquellas personas que sí cuentan con cierto capital económico, la discriminación en los mercados inmobiliarios puede darse directamente por cuestiones relativas a la orientación sexual o la identidad de género, pero también por tener una edad avanzada o una situación de trabajo precario o no reconocido, como el trabajo sexual, lo que exacerba los sentimientos de vulnerabilidad e inseguridad.
Abordar los problemas de vivienda en la comunidad de personas mayores LGTBI requiere entonces enfoques integrales e interseccionales que enfrenten las desigualdades sistémicas y promuevan la equidad y la inclusión en la vivienda. Esto implica abogar por políticas y protecciones de vivienda inclusivas a nivel local, estatal y federal para prevenir la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad o la expresión de género.
Además, se deben hacer esfuerzos para aumentar las opciones de vivienda asequible y ampliar el acceso a programas de vivienda de apoyo diseñados específicamente para la comunidad, garantizando que la vivienda no solo sea segura y asequible, sino también de calidad. Servicios de enfermería, de ayuda al domicilio, de asistencia en el día a día y asesoría sociolegal, de acompañamiento a instituciones, entre otros, son imprescindibles en ese sentido.
Proporcionar servicios de apoyo específicos, como asistencia para la búsqueda de vivienda, programas de asistencia financiera y gestión de casos culturalmente competente, puede ayudar a mucha gente implicada a superar las barreras para una vivienda estable y acceder a los recursos que necesitan para prosperar en sus comunidades. En un ambiente político donde la vivienda parece cada vez más un lujo que un derecho fundamental, los esfuerzos de colaboración entre agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, proveedores de atención médica y grupos de defensa del colectivo deben colaborar para abordar los desafíos multifacéticos de vivienda que enfrentan los adultos mayores LGTBI y crear entornos habitacionales que sean inclusivos, solidarios y afirmativos de todas las identidades.
